Los chupa ductos

“David Páramo”

09/05/17

El gobierno mexicano (federal, estatal y municipal) tiene la responsabilidad de luchar en contra de una de las formas más perniciosas de la delincuencia organizada de los últimos tiempos, y como sociedad tenemos la obligación de acompañar esta lucha apoyando abiertamente a los héroes del Ejército mexicano, quienes están encargados de esta lucha.

El robo de combustible es una actividad ilegal que ha venido creciendo porque durante muchos años se creyó que sólo debía ser combatida por Pemex, así como por la diversificación a la que han entrado los grupos criminales por el efecto de la lucha en contra de los narcotraficantes.

Estos grupos de delincuentes son especialmente peligrosos porque se ocultan en supuestas reinvindicaciones sociales, corrompen a los pueblos donde operan, utilizan a mujeres y niños como escudos, mientras que están realizando un negocio que les aporta grandes ganancias en forma casi inmediata con la complicidad de distribuidores de gasolina y mexicanos que compran productos robados, pero se quejan de la corrupción.

Estas organizaciones delictivas, otra vez, se han aprovechado de la equivocada tendencia a etiquetar las cosas ante la sociedad para que parezcan menos graves. Se hacen llamar huachicoleros para que a la gente se le olvide que son chupa ductos, delincuentes que roban combustible para revenderlo a menos de la mitad del precio oficial.

Ciertos sectores de la prensa y la opinión pública, tan hipócritamente cuidadosos del lenguaje, colaboran. Son los mismos que hablan de economía informal, cuando es ilegal; la venta de productos pirata, cuando son robados en cualquiera de sus formas; de los migrantes indocumentados cuando son ilegales. Que hablan de bitcoins y criptomonedas y olvidan decir que no están reguladas.

Los chupa ductos hacen creer que están haciendo un acto de justicia social mediante construcciones increíbles como decir que si el gobierno es corrupto, pues ellos por qué no van a robar; que la gasolina está muy cara, como si eso les diera patente para delinquir; que la gasolina es de todos, como si eso les diera el permiso para quedarse con ella.

Estos grupos delincuenciales no sólo venden el combustible a las orillas de carreteras o en pequeños lugares, sino que además se encargan de proveer a grandes establecimientos que, por ahorrar unos pesos, se suman a la cadena de corrupción. Sí, son los mismos que se ofenden cuando el presidente Enrique Peña Nieto afirma con razón que la corrupción es endémica en los mexicanos.

COMBATE

Hay dos líneas de combate que deben seguirse en esta lucha. La primera de ellas es la acción determinada del Ejército mexicano y las fuerzas de seguridad en contra de estos grupos. Una lucha desigual, puesto que mientras nuestros héroes reciben balazos que han costado la vida de elementos, no pueden usar la legítima fuerza del Estado, ya que los cobardes criminales se esconden atrás de mujeres y niños.

Otro elemento es la sociedad civil y muchos partidos políticos mezquinos. Esos que piden un México sin violencia, pero cuando son atacados los miembros de las fuerzas del orden, no hay ningún reconocimiento para sus derechos humanos o para esa labor que hacen a favor de los mexicanos.

Muchos que festejaron el 5 de mayo (por lo demás un absurdo, puesto que se festeja una batalla de una guerra que se perdió) no tuvieron una palabra de aliento para el Ejército mexicano que con su sangre se envolvió de gloria esa misma semana luchando contra el robo de combustible.

En Colombia, donde se vivió una situación similar con las FARC, en la que robaban combustible y se escondían entre la población. Lo que hizo el Ejército fue llevar a los periodistas a documentar los bloqueos con lo que la gente estaba menos dispuesta a cometer este ilícito, lo que fue subiendo el precio de la complicidad a estos delincuentes.

PEMEX

El segundo elemento de este combate es la lucha que está dando la empresa productiva del Estado, que encabeza José Antonio González Anaya, es tomar medidas que hagan que robar combustible y venderlo sea menos rentable.

De acuerdo con algunas estimaciones, el precio en el mercado ilegal se encuentra entre 5 y 8 pesos por litro (además, generalmente está adulterado), así que debe hacerse más cara la operación.

Si las acciones de la autoridad de exhibir a los delincuentes funcionan es, entre otras cosas, porque suben el precio de la corrupción y bajan la rentabilidad para el delincuente. Fracturan la cobarde base de presunto apoyo social.

En Pemex no únicamente se deben mejorar las medidas internas para contabilizar y determinar cuáles son las gasolinas que se venden, dónde están las mermas, sino para determinar con mayor precisión quiénes las están vendiendo al por mayor. Eso será producto de otra entrega de esta columna.

TRANSAS

Grupo Soni y Global Gas, propiedad de Salvador Oñate, se amafiaron para obtener, tan sólo el año pasado, mil millones de pesos cada uno, mediante actos de corrupción hacia funcionarios de Pemex. De hecho, sus principales operadores, Alejandro Martínez Sibaja y Marcelo Parizot, fueron despedidos de la empresa productiva del Estado, a la que le habrían causado un daño de 10 mil millones de pesos. Muerto el perro no acabó la rabia, puesto que ambos empresarios, el primero también accionista mayoritario de Banco del Bajío, están tratando de corromper a los nuevos funcionarios de Pemex. Seguiremos la historia.

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Acerca de Del Cueto & Asociados, Consultores en Comunicación Estratégica, RP 2.0
Consultores en Comunicación Estratégica, RP 2.0, Control de Riesgos y Gestión de Crisis.

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