Análisis superior

“David Páramo”

17/08/17

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por unanimidad el proyecto del ministro Javier Laynez que ampara y protege a Radio Móvil Dipsa, en cuanto a que la tarifa de interconexión debe ser fijada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y no por el Congreso de la Unión, y que no habrá cobro retroactivo desde 2014, hasta que cause ejecutoria la sentencia. Éstas son las consecuencias.

Primera. El Poder Judicial demostró, en forma contundente, que es un órgano independiente del Estado mexicano y que no se deja intimidar por puntos de acuerdo o boletines del Senado; desplegados o campañas de nado sincronizado que llegaron a desproporciones tan grandes como asegurar que esta resolución fijaría el rumbo político y económico del país o que era comparable al golpe de Estado del dictador Nicolás Maduro y su pandilla.

La decisión que tomaron los ministros de la segunda sala de la SCJN se sustentó en el análisis jurídico de la diferencia entre la Constitución y la Ley de Telecomunicaciones. No más, pero no menos es lo que debían resolver, sin entrar en consideraciones del efecto que puede tener esta tarifa.

Segunda. Se da una plena seguridad jurídica a los agentes económicos, puesto que se confirma que las determinaciones se toman con base en estricto apego a la justicia y no el impacto que pueda tener la aplicación de la ley.

Es mucho más relevante que el Poder Judicial demuestre que toma las determinaciones correctas, aun cuando esto pudiera implicar que algunos disminuyan sus rentas o cambien sus expectativas de negocio.

Descarados

Tercera. Nuevamente se muestran las placas de ciertos grupos que manejan idiotas útiles para hacer campañas y mantener sus rentas haciendo especulaciones del tamaño de una catedral, no para resolver un tema en particular sino para generar presiones hacia el futuro.

Verá cómo ahora dicen que se regresará a los tiempos de la Cofetel y las disputas por las tarifas de interconexión. Que amenazarán con disminución en inversiones que no se han dado o que, incluso, ya comenzaron a decir que subirán los precios de las telecomunicaciones o desaparecerá la larga distancia nacional.

Si la competencia funciona a favor de los consumidores no aumentarán los precios o quienes lo hagan pierden clientes, con lo que no se dañará la economía de las familias. Disminuirán la renta de algunos, pero no de los consumidores.

La siguiente parte de la estrategia, como le adelanté, será un ataque frontal en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones que, entre otras cosas, buscará a toda costa evitar que Gabriel Contreras sea reelecto para un nuevo periodo como consejero presidente. Más allá de que sea en contra de este personaje, que ha realizado un trabajo de excelencia, buscan mandar un mensaje de docilidad al próximo regulador.

Cuarta. Se hace muy evidente que hay legisladores verdaderamente indecentes. Quien impulsara la reforma, presidiera la comisión dictaminadora y, evidentemente, votara a su favor, ahora dice que todo fue un error, culpa del Pacto por México. ¿Por qué no lo dijo en su momento? ¿Por qué no votó en contra?

Demuestran que en su escala de intereses no ocupan lugares preponderantes los electores ni su partido, sino aquellos quienes los patrocinan y les prometen nuevos puestos políticos.

Quinta. Se confirma que el análisis superior sigue imponiéndose a quienes toman dictados. A finales de junio publiqué en esta columna que la decisión de los ministros de la SCJN sería confirmar que el IFT es el organismo encargado de regular esta tarifa de interconexión y que no aplicaría ningún cobro retroactivo que sí podría ser ruinoso. Hoy no faltarán los cínicos que traten de decir que ellos lo anticiparon, cuando eran opositores a la medida.

EU torpedea a México

“Darío Celis”

17/08/17

Al final del primer día de renegociaciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), existe la percepción de que el gobierno de Donald Trump, con Robert Lighthizer a la cabeza, ganó la partida a sus contrapartes Ildefonso Guajardo y Chrystia Freeland.

Lighthizer, director de la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos, fue muy directo y advirtió que el TLCAN requiere de grandes y profundas mejoras. Estados Unidos buscará reducir el déficit comercial con México de 60 mil millones de dólares.

Que nuestro país debe pagar mejores salarios, que los contratos públicos deben ser asignados de manera transparente y que el Banco de México no debe manipular el tipo de cambio para favorecer a exportadores. En resumen: que el TLCAN ha resultado ruinoso para ellos en términos de oportunidades.

Por si fuera poco, amenazó con aumentar los contenidos regionales en la industria automotriz para desplazar a las armadoras de Asia y Europa, un “descontón” que nadie en el equipo negociador se esperaba, pues se trata de un golpe al índice de flotación de la economía: uno de los sectores más exportadores.

Y qué decir de la pretensión manifestada semanas atrás de eliminar los paneles de controversias (el famoso Capítulo 19), amén de que, eso sí, no quieren que México altere su política de importaciones de productos agropecuarios, como granos, carnes bovina, de cerdo y cereales, donde son superavitarios.

Y remató: la administración Trump no está interesada en meras adecuaciones, sino en modificar ciertos capítulos. Así que por lo que se ve, Estados Unidos se coloca en el otro extremo que hará más sinuoso el camino: el de invocar el TLCAN de hace 23 años, y no el TPP de hace año y medio.

TELCEL-TELMEX GOLEA

Tal y como le adelantamos, Telcel-Telmex “goleó” 5-0 a los promotores de la Tarifa Cero. Era lógico. Por lo menos cuatro de los cinco ministros que votaron ayer habían enseñado el cobre semanas atrás.

Estaban alineados al grupo económico del grupo preponderante en telecomunicaciones. El presidente de la segunda sala, Eduardo Medina Mora, lo mismo que Alberto Pérez Dayán y no se diga el hacedor del proyecto, Javier Laynez. Y bueno, qué decir de Margarita Luna Ramos, la comadre del eterno abogado de Carlos Slim que vaya que cabildeó fuerte en la Suprema Corte de Justicia, Javier Mondragón, de la mano, ayer se confirmó, de Diego Fernández de Cevallos como aquí se lo informamos hace tiempo. Sólo había la duda de que Fernando Franco sacara la casta, pero ni él.

Como ya había trascendido, la sentencia no obliga a los demás competidores a pagarle al duopolio las tarifas de los últimos tres años. Sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el que aún preside Gabriel Contreras, deberá establecer una nueva en la que Telcel-Telmex tratarán de recuperar en el futuro algo del terreno perdido. Esta realidad va significar un gran desafío para la economía de millones de mexicanos por el costo inflacionario que implicará la telefonía.

Una de las varias virtudes que tenía la tarifa cero era que el consumidor fue el gran beneficiario de esos casi mil millones de dólares que se le dejaron de transmitir al jugador dominante. Ni hablar, se golpea una de las reformas estructurales más trascendentes del gobierno de Enrique Peña Nieto.

BANOBRAS EQUIVOCA

Son exactamente 88 millones de dólares los que Banobras reclama equivocadamente a Invex. El expediente ya se desahoga en la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia.

El jurídico del banco que ahora dirige Alfredo Vara está cometiendo un yerro fenomenal. No puede irse contra el banco de Juan Guichard por sólo ser el que expidió el fideicomiso. Fue la propia institución la que autorizó (Alfredo del Mazo) el crédito por 200 millones de dólares a Rotary Drillrigs, sin que hubieran estado debidamente sólidas las garantías. Le decía ayer que el dueño de esa empresa, hoy prófugo, es Óscar Fernández Luque, exdirector de Desarrollo Social del municipio de Huixquilucan cuando aquél lo gobernaba.

Lo más inaudito de todo es que en toda esta trama, donde salen muy mal parados Banobras, cuyo consejo presidía Luis Videgaray, y Pemex, entonces bajo el mando de Emilio Lozoya Austin, la CNBV que encabeza Jaime González Aguadé ya intervino… pero en contra de Invex. ¿Pero qué se podía esperar de ellos?

DUDAN DE CN ENERGY

Hablando de Pemex, son cuatro y no tres los consorcios que van por el contrato de servicios de compresión de gas para Ku-Maloop-Zaab, la mayor cuenca en la Sonda de Campeche.

Apunte también a Grupo R, de Ramiro Garza, que va aliada a Industrial Perforadora de Campeche y a la poderosa Keppel. Carso Energy de Carlos Slim al final desistió. Y es que hay indicios que mandan una pésima señal en esta licitación que, nos dicen, llegará a mil 300 millones de dólares y que se estará asignando el 12 de septiembre. Resulta que uno de los tiradores, CN Energy de Mariano Hernández Palmeros, es una firma que se constituyó diez días después de lanzada la convocatoria.

Este empresario en el pasado fue inhabilitado por el mismo Pemex, al igual que su socia, Nuvoil, lo que levantó ya resquemores también de Dragados, Cobra y Avanzia de Florentino Pérez, y de General Electric y McDermott, que son los otros competidores.

Retroceso en telecomunicaciones

“Rogelio Varela”

17/08/17

“Los ministros de la SCJN no reconocieron la facultad legislativa del Congreso, como lo establecen los artículos 28 y 73 de la Constitución en beneficio del mercado.”

La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política, Abraham Lincoln.

 

Como anticipaba el mercado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un duro golpe a la Reforma en Telecomunicaciones.

Hace cuatro años entraron en vigor una serie de cambios legales a partir de los cuales se determinó que América Móvil, Telmex y Telnor eran un agente económico preponderante por tener una participación de mercado superior al 50 por ciento de todo ese sector en su conjunto.

El preponderante por ley de acuerdo a esa concepción no puede cobrar a sus competidores la tarifa de interconexión mientras mantenga su calidad de jugador dominante, es decir, se estableció la denominada Tarifa Cero en interconexión.

En las últimas semanas los abogados de Carlos Slim Helú enfocaron con éxito sus baterías a promover un amparo para eliminar esa medida aprobada por el Congreso de la Unión. Nada más.

La postura del preponderante para muchos fue simplista, pues el regulador originario en el sistema jurídico mexicano, precisamente nuestros legisladores.

Los ministros de la SCJN no reconocieron la facultad legislativa del Congreso, como lo establecen los artículos 28 y 73 de la Constitución en beneficio del mercado, pues por vez primera en muchos años se ha dado una baja consistente en las tarifas de telefonía fija, móvil y servicios de internet que significaron liquidez para empresas y familias.

Se ha desestimado también que para fomentar la competencia la ley permite regular de manera asimétrica al agente económico preponderante.

Una de esas regulaciones era precisamente la Tarifa Cero que si bien ha significado una merma en los ingresos del gigante telefónico, poca mella le ha traído en su cuota de mercado.

Entre 2014 y 2016 América Móvil sólo perdió 2 por ciento de sus suscriptores, pero la mayor competencia logró una reducción de tarifas que fue reconocida como un gran logro de las tan traídas y llevadas reformas estructurales. Pronto todo cambiará.

La ruta del dinero

Como es público hace días Pedro Pablo Zepeda Bermudez dejó la Dirección General de Marina Mercante. Su salida obedece a que se militarizará la revisión a las embarcaciones que tocan nuestros puertos ahora bajo la tutela de la secretaria de Marina. Entre la gente del mar existe molestia porque el sector civil había crecido de la mano del mayor comercio exterior… Nada que los Noticieros Matutinos de Televisa de Emilio Azcárraga Jean siguen ganando aceptación entre los televidentes. En la primera semana de agosto los datos de IBOPE refieren un share de 17.52 por ciento y un márgen frente a su competencia de 52 por ciento. Una situación similar se presentó con el noticiero que al frente de Karla Iberia Sánchez con un share de 10.75 por ciento y un márgen que sube a 56 por ciento. Se trata de un trabajo consistente en abono de la credibilidad de lo que se transmite por la pantalla chica y que también se reproduce en otras plataformas.

 

Hoy propuesta de México para Capítulo 24 del TLCAN en lo regulatorio, Gutiérrez en APEC y pronto ley.

“Alberto Aguilar”

17/08/17

“CNA y contrapartes cierran filas y SAGARPA y USDA por marca TLCAN; SCJN amparó a Slim e IFT recibe reto; salario mínimo extra compás de espera por negociación.”

UNO DE LOS temas en la agenda de negociación del TLCAN que hoy se comenzará a desahogar en el contexto de la primera ronda que apenas inició en Washington, es el del Capítulo 24 relativo al ámbito regulatorio.

Este es un expediente en el que hay que trabajar duro, sobre todo a nivel estatal y municipal. De hecho está en la agenda del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que le adelanto que de saque se presentará una propuesta muy agresiva a EU y Canadá.

Al equipo de ECONOMÍA a cargo de Ildefonso Guajardo lo reforzarán expertos de COFEMER, tras de que previamente el trabajo fue palomeado por Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica para el TLCAN.

El fin de semana el propio Mario Emilio Gutiérrez, titular de COFEMER, aprovechará un foro de la APEC para cabildear con sus contrapartes, lo que México llevó a la mesa de negociaciones.

Para las empresas lo regulatorio es nodal en su competitividad. Hoy el panorama para las mismas es complicadísimo por la cantidad de regulaciones con metodologías desafinadas entre gobiernos estatales, municipales y federal. COFEMER tampoco tiene facultades para impulsar un cambio.

Pese a ello ya se logró una reforma constitucional en la materia y en septiembre se
presentará al Congreso un proyecto de ley de mejora para dar a COFEMER más facultades y crear un sistema regulatorio enfocado al cumplimiento y no tanto a sancionar.

Lo que se logre al modernizar el Capítulo 24 del TLCAN, redondeará los esfuerzos que ya se realizan para avanzar incluso sin una nueva ley.

Además de que ya se cuenta con un reglamento al proyecto en curso, también se creó una ley estatal modelo a la que ya se acogieron 5 entidades.

A finales de octubre se publicará el primer ejercicio del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria que se levantó en 50 ciudades de 32 estados junto con el CCE
de Juan Pablo Castañón y el CEESP de Luis Foncerrada.

Los resultados confirman que en materia regulatoria estamos mal. Walmart que dirige Guilherme Loureiro debe tener sólo para el cumplimiento de trámites en el país un equipo de 360 abogados, lo que implica un alto costo.

Para las telefónicas el avance para cubrir las necesidades de antenas implica en lo que son los permisos municipales hasta 67% del costo de oportunidad.

Ya se tienen también resultados de la Encuesta Nacional sobre Calidad Regulatoria que levantó el año pasado el INEGI de Julio Santaella con la visión de 34 mil unidades de negocios.

Se va a cruzar con lo recogido en el Observatorio para acrecentar la evidencia y corregir.

En lo que es el gobierno federal de una carga regulatoria que implicaba en 2013 un costo del 4.25% del PIB, ya se está en 2.92% y se busca llegar a 2.68% en 2018. Los miembros de la OCDE están en 2.50% del PIB y en Reino Unido –el ejemplo a seguir– en 1.80% del PIB, pero ahí la medición abarca no sólo el gobierno federal, sino todo el universo de aquellos que emiten trámites para el ciudadano.

Por lo pronto hoy la propuesta del Capítulo 24 que va en la dirección en la que ya se trabaja.

***

MAS ALLÁ DE que Robert Lighthizer reiteró las tesis de su jefe el controvertido Donald Trump, de que el TLCAN ha perjudicado los empleos en ese país, y que por ende se peleará por acotar el déficit comercial con México, ayer el CNA que preside Bosco de la Vega cerró las en Washington con sus contrapartes la Federación Canadiense de Agricultura (CFA) que lleva Ron Bonnett y la Federación Americana de Oficinas Agropecuarias (AFBF) a cargo de Zippy Duvall, para que se trabaje en modernizar el TLCAN en lugar de desmantelarlo.

Se dijo que la agricultura es uno de los mayores éxitos del acuerdo. El propio titular de SAGARPA José Calzada, y Sonny Perdue, cabeza del USDA han analizado incluso lanzar la marca TLCAN para su comercio con otras regiones. Obvio la IP avala. Así que el sector privado levanta la mano para defender el estatus quo.

***

COMO LE ADELANTÉ la SCJN otorgó ayer el amparo a América Móvil de Carlos Slim en lo que es la tarifa de interconexión cero. Se consideró que el Congreso no era competente para fijarla, lo que corresponde al IFT. Además en el proyecto que fue redactado por Javier Laynez con las opiniones del ministro Alberto Pérez Dayán, muy en particular en el fortalecimiento del órgano constitucional autónomo, también se optó por no fijar ningún costo retroactivo a las telefónicas. Ahora la pelota quedará del lado del IFT que comanda Gabriel Contreras, que deberá determinar si continúa la tarifa de interconexión cero o bien si se fija algún cobro.

Esto supondrá un cambio a las reglas que abrió la reforma de telecomunicaciones para crear una cancha pareja. Obvio esto vendrá tras publicarse la sentencia de la Corte. Así que el IFT otra vez a prueba.

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PUES RESULTA QUE con las negociaciones del TLCAN el aumento extraordinario al salario mínimo para llegar a 92.72 pesos diarios, se colocó en un compás de espera. La idea por la STPS de Alfonso Navarrete y el CCE de Juan Pablo Castañón es no entorpecer el proceso y ver los resultados de la primera ronda. El siguiente ejercicio es para el 10 de septiembre. Quizá para entonces.

Especulaciones

“David Páramo”

16/08/17

“En medio de una fuerte polémica, hoy la Suprema Corte definirá en materia  de tarifas de interconexión.”

Mientras escucha la música del venezolano Wuilly Arteaga, especule conmigo sobre los posibles escenarios de hoy en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y elija cuál es el que más le conviene creer en la revisión del juicio de amparo en el que se pretende dirimir si el Congreso de la Unión o el IFT tienen la atribución de fijar la tarifa de terminación en las redes móviles.

Primero. El ministro Javier Laynez tiene una suerte de iluminación luego de leer las decenas de miles de palabras en las cuales le hacen ver sus múltiples errores jurídicos, así como los grandes peligros que implicaría si se vota a favor de su proyecto, lo que podrían descarrilar el futuro político y económico del país en algo equiparable al golpe de Estado de Nicolás Maduro.

Así, decide retirar el proyecto o hacer que sea votado en sentido contrario. Así, esperaría una lluvia de artículos elogiosos y, por qué no, hasta desplegados en los cuales sería felicitado por su acción patriótica o hasta que hubiera un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para felicitarlo. Este escenario resulta francamente imposible.

Segundo. Ya sea porque los otros seis ministros de la SCJN deciden participar, dada la inconmesurable importancia del tema, o que los miembros de la segunda sala les tiemblen las piernas, no sólo se pospone la discusión y votación del proyecto, sino que es enviado al Pleno.

Hay quienes consideran que podría ser como en el 2006, cuando todos los temas eran llevados al Pleno. Dicen que ésto es más relevante que asuntos como la portabilidad o los derechos de las audiencias.

Consideran que sería mucho desgaste para cinco ministros de la Corte y que, por lo tanto, se buscaría repartir el impacto entre los once.

En el otro lado de la posibilidad están aquellos quienes consideran que llevar el asunto al Pleno podría implicar muchas mayores pérdidas para los que desean que sea el Congreso de la Unión el que mantenga la tarifa cero de interconexión para la terminación de llamadas móviles.

Les parece que sería muy difícil de transitar entre todos los ministros que no se registrara un cobro retroactivo por los tres años que no se ha pagado ninguna tarifa de interconexión, es decir, que existe un riesgo muy alto de que, si el tema llega al Pleno, podría implicar que se reconociera la facultad del IFT y que, además, tuvieran que hacer un pago retroactivo.

El costo para la SCJN, el IFT y las empresas implicadas sería sustancialmente más caro. Este escenario es medianamente posible.

Tercera. Los ministros de la segunda sala de la SCJN votan a favor del proyecto del ministro Laynez y se determina que el IFT es quien, después de realizar estudios técnicos objetivos, deberá determinar cuál es la tarifa de interconexión, la cual podría ir desde casi cero hasta un monto en el cual se acabara el rentismo de, justamente, quienes se quejan de esa práctica cuando no les conviene, sin dañar el interés superior: los consumidores.

No afecta consumidores

Como he asentado en esta columna, una y otra vez, el interés de las empresas resulta irrelevante a la luz de las necesidades de los consumidores. Que después de amplios debates los legisladores hayan determinado que la tarifa correcta es cero para la terminación de llamadas en la red móvil del preponderante no da seguridad jurídica. Debe ser producto de un análisis objetivo.

Si los ministros de la segunda sala de la SCJN hacen su trabajo, es decir, dirimen la diferencia constitucional, seguirán dando seguridad jurídica a la inversión y a los competidores de la vigencia del pleno Estado de derecho.

Así, el escenario más probable (y deseable) es que hoy mismo los ministros voten y se inicie una segunda fase de ataques no únicamente en contra de los ministros, a quienes difícilmente ya les pueden achacar acusaciones peores de dar un golpe de Estado o descarrilar tanto la política como la economía nacional.

A partir de ahí se enfocarán en destruir al Instituto Federal de las Telecomunicaciones hasta convertirlo en una bazofia similar a la que fue en tiempos del mirrey tardío o aquellos quienes han demostrado que no saben hacer las cosas (ni administrar ni legislar), no saben enseñarlas, pero obtienen rentabilidad de criticarlas.

Buscarán que sólo sobrevivan aquellos comisionados dóciles que permitan regresar a los tiempos en los cuales se imponía la grilla sobre la competencia en su mejor estado.

¿PITA ya no pinta?

“Darío Celis”

16/08/17

No pierda de vista el pleito entre Grupo Altavista, de Ricardo Orrantia, y Kio Networks, de María Asunción Aramburuzabala.

Ya entró a la recta final el juicio de nulidad que el primero promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que preside Carlos Chaurand. Antes de un mes saldría una resolución que podría revertir la licitación del famoso PITA (Proyecto de Integración Tecnológico Aduanero). Recordará que en marzo de 2016 el entonces titular del SAT, Aristóteles Núñez, adjudicó a Sixsigma e IBM un contrato de ocho mil 500 millones de pesos para modernizar el sistema aduanero. Los hechos han venido dando la razón a Altavista.

El consorcio ganador no está pudiendo cumplir, con todo y que violó las bases al subcontratar a El Corte Inglés y a Integra para que los apoye. El SAT, vía el Administrador Central de Apoyo Jurídico y de Recursos Humanos, Eleuterio Díaz, reconoce en un oficio del 1 de junio pasado que hasta el 17 de febrero del 2017 el consorcio no ha cumplido en todos sus términos el plan de trabajo que firmó.

TRES CON PEMEX

La novedad es que Pemex, que dirige José Antonio González Anaya, recibió finalmente ayer las ofertas para un contrato de servicios de compresión de gas para la plataforma E-KU-A2 del activo Ku-Maloob-Zaap, el mayor productor del país y que se encuentra en la Sonda de Campeche.

Es un concurso largamente esperado en el sector y por el que alzaron la mano tres grandes consorcios. Apunte primeramente a CN Energy, de Mariano Hernández Palmeros, que es la alianza entre Coastal y Nuvoil. Otro más es el integrado por Dragados, Avanzia y Cobra, todos controlados por ACS, el emporio español presidido por Florentino Pérez. Y finalmente considere el consorcio Guayama PR Holdings, que aglutina a General Electric, que dirige aquí Vladimiro de la Mora, y Mcdermott, que representa Scott Munro. El contrato ronda los mil millones de dólares y el fallo se dará a conocer en las próximas tres semanas.

DEMANDA A INVEX

Banobras acaba de demandar a Invex, la institución que comandan Juan Guichard Michel y Patrick Doucet Leautaud. El litigio tiene que ver con un expediente muy, pero muy espinoso.

¿Se acuerda de Rotary Drillrigs? Es una empresa que defraudó a Pemex y por lo cual anda a salto de mata su accionista Óscar Fernández Luque por un fraude cercano a los 100 millones de dólares. El contrato fue asignado en la época de Emilio Lozoya Austin y quien le liberó los recursos fue Alfredo del Mazo cuando dirigía el banco del gobierno. Fernández Luque fue director de Desarrollo Social de Huixquilucan. Banobras primero le soltó cien millones y todo bien. El problema vino con el segundo tranche. Fernández ya no pudo garantizar el préstamo, no honró el contrato y huyó del país. La cosa es que a Banobras se le hizo muy fácil demandar a Invex, por ser el fiduciario. Le exigió hace tres semanas en tribunales el pago de 90 millones de dólares.

ARMAN EQUIPOS

Al cuarto para las 12, y sólo algunas dependencias, se empezaron a sumar al equipo negociador del Tratado de Libre Comercio que lideran Economía de Ildefonso Guajardo y Relaciones Exteriores de Luis Videgaray.

El caso más estructurado es Hacienda, de José Antonio Meade, que designó a la subsecretaria Vanessa Rubio, quien incluso el lunes por la tarde convocó a los banqueros que preside Marcos Martínez; los casa bolseros, que representa José Fabre; las afores, que comanda Carlos Noriega, y las aseguradoras, que capitanea Mario Vela. La Función Pública, de Arely Gómez, despachó ayer a un equipo de especialistas. También viajaron Alejandra Palacios y José Luis Ambriz de la Comisión Federal de Competencia y Juan Carlos Hernández por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que lleva Gabriel Contreras.

VA MEGACOMPRA

Tal cual le informé, el IMSS anunció ayer el inicio del proceso de la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos confirmando para este 2018 un monto extraordinario de 55 mil 326 millones de pesos y con la participación de 48 compradores.

La dependencia que dirige Mikel Arriola va a adquirir mil 609 claves, de las cuales 768 son medicinas, 692 materiales de curación y 149 de patentes. La apuesta para este año seguirán siendo los genéricos. Se buscará aumentar en 30% la compra de estos productos a laboratorios mexicanos, lo que va a significar contratos superiores a los ocho mil 500 millones de pesos sólo en ese rubro. No se descarta eliminar la cláusula que restringe la entrada de países con los que México tiene tratados internacionales. Todo sea por comprar más barato, aunque vaya de por medio la eficacia.

IDC A GINGROUP

La semana pasada GINgroup, de Raúl Beyruti, compró al Grupo Medios en 80 millones de pesos. La empresa de Miguel Ortiz Monasterio y Pablo Creel aportó los títulos Dónde irFernandaFutbol TotalCocina Vital Diabetes y Salud & Bienestar, que se suman a los de Beyruti y que son PlayboyOpenEl GourmetForward TravelSoy GruperoLuvanApasionado Auto Blind.

Pues bien, la noticia es que GINgroup ahora cerró con el fondo Southern Cross la compra de la prestigiada revista IDC Asesor Jurídico y Fiscal. Se trata de la publicación del Grupo Editorial Expansión con más de 20 años que apoya a las empresas en temas jurídicos, laborales, seguridad social y fiscal corporativo y de comercio exterior.

 

Patéticos

“David Páramo”

15/08/17

“Es inverosímil creer que los legisladores tienen más capacidad de análisis técnico que el IFT.”

Cada vez resulta más patético oír y leer a los tremendistas, quienes creen que una resolución en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre quién debe fijar la tarifa de interconexión determinará el futuro político y económico del país (ni siquiera el TLCAN tiene un poder tan grande) o que podría implicar, irremisiblemente, pérdida de inversiones y hasta aumento en los precios de las telecomunicaciones.

Una buena parte de los medios de comunicación se han llenado de columnistas, expertos, analistas y cualquier otra figura similar que, con gran facilidad, se suben a cualquier tren y opinan como si realmente supieran de qué están hablando. Se convierten en idiotas útiles de ciertos grupos a quienes les gusta prender el fuego para luego vender sus servicios de bombero.

Son los mismos quienes unos días hablan de la ciudadanización del gobierno y de la importancia de órganos autónomos e independientes, pero ahora están convencidos de que el Congreso de la Unión es mejor regulador que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones.

Es inverosímil, por decir lo menos, creer que los legisladores tienen mejor capacidad de análisis técnico que un organismo creado ex profeso. No me meteré en los grupos que pueden patrocinar algunos senadores y diputados.

El tema de la tarifa de interconexión de la telefonía móvil, que deberá ser votado el miércoles, ha caído víctima de estos grupos, quienes intentan hacer creer que un negocio de 60 mil millones de pesos, en el más inflado de los casos, marcará el futuro del país.

El sector de las telecomunicaciones generó, al cierre de marzo, ingresos por 112 mil millones de pesos, de los cuales el 54% correspondieron a telecomunicaciones móviles. Ni la autoridad ni las empresas tienen un desglose de los paquetes de voz y datos, pero es fácil saber que los segundos crecen a una tasa mucho mayor que los primeros y, por lo tanto, representan la mayor parte de los 60 mil millones de pesos de ingresos. La tarifa de interconexión sólo es para la terminación de llamadas, no para los datos.

Expertos consideran que podría ser una proporción de mitades, es decir, unos 30 mil millones de pesos. Si bien se trata de una cantidad importante, no desaparecerían estos ingresos sino que la competencia se daría bajo otros términos.

INJUSTICIA CONTRA LAYNEZ

Al ministro Javier Laynez se le ha tratado de una manera inadmisible luego de que se difundió su proyecto de resolución. No han faltado expertos quienes descalifican al miembro del Poder Judicial e incluso, sin ser abogados, encontraron supuestas fallas.

Sea como sea, el proyecto será votado y aprobado o rechazado por mayoría de ministros, que debemos confiar en que tomarán una decisión apegada a derecho sobre un punto específico: ¿de acuerdo con la Constitución, quién tiene la facultad de fijar la tarifa de interconexión de la telefonía móvil: el Congreso de la Unión o el Instituto Federal de las Telecomunicaciones?

Los ministros tienen la obligación de interpretar y hacer valer la ley sin consideraciones de negocios ni presiones de cualquier lado. Su labor, no más pero no menos, es resolver esta diferencia de interpretación entre la ley de Telecomunicaciones y la Constitución.

En épocas en los que el populismo se ha convertido en el principal riesgo de México, lanzarse de manera irresponsable en contra de un ministro de la Corte porque, con un afán melodramático, se interpreta que su sentencia es equivocada, es un error verdaderamente caro.

INVERSIÓN Y COMPETENCIA

Uno de los petates del muerto favoritos es hablar sobre una supuesta caída de la inversión extranjera directa en el sector de las telecomunicaciones y el incremento de los precios que tendría si la resolución no sale como desean los melodramáticos analistas.

Primero. La IED no es un favor, sino que se realiza por las empresas cuando encuentran una rentabilidad mayor para sus inversionistas en un determinado país y negocio que en otro. Las empresas no sirven a intereses personales sino de sus accionistas.

En 2015, AT&T recibió cinco mil 566 millones de dólares por la venta de su participación en América Móvil. Pagó dos mil 500 millones de dólares por Iusacell y otros mil 448 millones de dólares por Nextel, es decir, el saldo neto es negativo.

Segundo. Aseguran que si desaparece la tarifa cero de interconexión en telefonía móvil, lo cual no dependería de la resolución de la Corte sino del análisis que, en su caso, hiciera el IFT, haría que los precios aumentaran en contra de los consumidores y desaparecerían planes de llamadas ilimitadas dentro del costo del paquete.

Con la posibilidad de cambiarse de compañía telefónica conservando el número, se crea una barrera para el alza de precios.

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